En el sur de Tenerife, especialmente en Granadilla o Adeje, muchos bloques de los setenta acumulan décadas de servicio. No se trata de cambiar un aparato aislado, sino de intervenir en comunidades con varios núcleos de escalera donde la renovación debe ser quirúrgica y por fases. Intentar hacerlo todo a la vez es inviable técnica y económicamente; lo lógico es secuenciar las obras para que nadie se quede sin subir durante meses.
El reparto del gasto genera tensiones si no está claro desde el principio. Aquí manda la Ley de Propiedad Horizontal: si un vecino mayor de 70 años o con discapacidad solicita el ascensor, la obra es obligatoria sin necesidad de votación, siempre que las ayudas cubran el excedente de doce mensualidades ordinarias. Para el resto, hace falta mayoría cualificada de propietarios y cuotas. Ojo con quien no acude a la junta pero fue notificado: tiene treinta días naturales para oponerse; si no, cuenta como favorable.
Antes de mover una sola máquina, dejad por escrito quién asume qué. Definid bien el alcance de cada fase y cómo se compensan los ajustes de cuotas entre escaleras. Recordad que en Canarias aplicamos IGIC, no IVA, y el tipo fiscal lo determina el instalador según la naturaleza de la rehabilitación. Sin papeles claros, cualquier discrepancia posterior paralizará el proyecto.
Comunidades de cien puertas: la obra del ascensor se parte en tramos
En Los Cristianos y Las Américas, los complejos turísticos levantados en los setenta no son un bloque único, sino varios núcleos de comunicación vertical. Cada portal funciona casi como una unidad independiente dentro del mismo conjunto. Intentar renovar todos los ascensores a la vez es inviable: dejarías el edificio sin servicio para residentes y visitantes durante semanas, algo que ninguna junta puede asumir con calma.
La solución pasa por dividir la obra en tramos, actuando primero por bloques o portales concretos mientras el resto mantiene su funcionamiento habitual. Este calendario escalonado debe aprobarse en junta, siguiendo las mayorías de la Ley de Propiedad Horizontal. No basta con un acuerdo simple si se alteran elementos comunes; hay que cuadrar cuotas y plazos para evitar sorpresas. Así, la comunidad recupera poco a poco la movilidad sin colapsar la vida diaria, adaptando el ritmo de intervención a la realidad de estos macrocomplejos del sur tinerfeño.
Medio siglo de servicio: qué pieza obliga a cambiar el aparato entero
Cuando un aparato de los años setenta empieza a fallar por todas partes —maniobras erráticas, puertas que no cierran y maquinaria desgastada—, la reparación deja de tener sentido económico. No es una decisión caprichosa: se documenta con los partes de avería consecutivos y, si el edificio está protegido, como ocurre en el casco de La Laguna o en la Villa de La Orotava, con el informe técnico de la conservadora de patrimonio. Ese papel certifica que parchear ya no resuelve el problema estructural.
Aquí entra la normativa. El Real Decreto 355/2024 exige inspecciones cada cuatro años en edificios grandes, pero ojo: ese cambio legal obliga a sustituir piezas concretas para cumplir la seguridad, nunca el ascensor entero de golpe. Un solo componente roto rara vez justifica tirar el sistema antiguo; eso sería derrochar dinero vecinal. Lo que sí empuja a la sustitución total es la suma de fallos crónicos que hacen inviable seguir reparando sin parar.
Organizar los accesos mientras un núcleo se queda sin ascensor
En un complejo donde conviven vecinos permanentes y propietarios que solo aparecen en temporada, la parada del ascensor golpea de forma muy desigual. A quien vive aquí todo el año le cambia la rutina diaria; a quien viene dos semanas al trimestre, casi no le afecta hasta que toca bajar maletas. Por eso, el aviso con fecha exacta es básico: permite que los residentes organicen compras o visitas médicas antes de quedarse sin aparato, mientras que para los vacacionistas basta con coordinar su llegada.
Hay que fijar horarios de trabajo que respeten el uso real del edificio. Si se corta el servicio durante horas punta de mañana o tarde, el malestar se multiplica entre quienes bajan a trabajar o suben con la compra. Para los vecinos mayores o con movilidad reducida que no puedan subir escaleras, conviene prever una reubicación temporal, aunque sea puntual, para evitar bloqueos domésticos.
Además, si el inmueble está dentro de un conjunto histórico protegido, como ocurre en La Laguna o La Orotava, las obras pueden alargarse por la necesidad de informes patrimoniales. Planificar los accesos alternativos con margen evita sorpresas cuando los plazos técnicos se estiran por razones administrativas propias de nuestra provincia.
El reparto del gasto cuando cada bloque tiene su propio aparato
En edificios con varios portales, como los que se multiplican en Santa Cruz o La Laguna, surge la duda de quién paga el ascensor. No es automático que cargue toda la comunidad. Hay que mirar qué dice el título constitutivo sobre si ese aparato sirve a todo el bloque o solo a una parte. Si existen subcomunidades legalmente reconocidas, el reparto puede cambiar y no obligar al vecino del otro portal.
Antes de votar, conviene dejar claro cómo se divide el gasto. En el sur de Tenerife, donde abundan los complejos antiguos de Arona o Adeje, mezclar portales sin definir las cuotas de participación genera conflictos largos. Revisad el documento fundacional para saber si los elementos comunes son indivisibles o están segmentados. Resolver esta parte técnica evita sorpresas cuando llegue la factura y garantiza que quien disfruta del servicio asume su parte justa.
Qué pedir por escrito antes de aprobar una obra en varias fases
Antes de dar el visto bueno a una obra por fases, exigid que todo quede negro sobre blanco. El documento debe desglosar el precio de cada núcleo y el total, dejando claro quién asume los imprevistos en la obra civil, un riesgo real cuando se perfora en terrenos inclinados como los de Santa Cruz o La Orotava. No olvidéis incluir las condiciones de revisión entre fases, el plazo máximo de parada de cada ascensor y las penalizaciones si hay retrasos. Sin estas cláusulas, una intervención larga en edificios antiguos del casco de La Laguna, donde el informe patrimonial puede alargar los tiempos, se renegocia sola por el camino, generando conflictos vecinales.
La falta de detalle permite que surjan sobrecostes inesperados, especialmente cuando aparecen sorpresas estructurales en construcciones de los sesenta o setenta. Aseguraos de que la propuesta especifique qué ocurre si el organismo competente demora su autorización en conjuntos protegidos. En esta provincia, donde la densidad urbana y la orografía complican la logística, tener fijadas las reglas del juego evita que la comunidad descubra, demasiado tarde, que debe asumir costes no previstos o esperar más de lo acordado sin compensación alguna.